Enero de 2020. El gerente de un banco de Las Parejas llega al casino City Center a buscar una suerte que no va a llegar. Encuentra otra cuando se asoma a un balcón a fumar un cigarrillo. Lo mata un balazo que llega como un mensaje, inesperado y ajeno, con un trasfondo extorsivo que tuvo el ok desde una cárcel.
Julio de 2020. El pastor y ex concejal Eduardo Trasante está en la planta alta de su casa. Escucha ruidos abajo y cuando se asoma ve a dos tipos armados. Habían ingresado al engañar a su esposa, pero no buscan robar. Van contra él. Lo arrinconan y lo matan a balazos por motivos que todavía se desconocen: solo se sabe que los sicarios llegaron en un auto robado por encargo de un preso.
Junio de 2021. Unos tipos llegan armados a las afueras de la cárcel de Piñero. Se enfrentan a tiros con los penitenciarios mientras ocho internos cortan los tejidos. Ejecutan casi a la perfección un plan diagramado mediante la comunicación por celulares. Uno de los refuerzos cae muerto, pero los vigilantes se quedan sin balas y así se concreta una de las fugas más increíbles y rústicas de los últimos años.
Casi al mismo tiempo, una mujer de Empalme Graneros busca sin éxito una explicación al asesinato a tiros de su hijo de 19 años. Tiene vivo el recuerdo de cuando se enteró: miraba televisión y reconoció las piernas que mostraba el noticiero al contar el hallazgo de un cadáver en un camino rural de la periferia. Varios meses después descubrirán que lo habían matado mientras el instigador miraba todo por una videollamada desde el pabellón 9 de Piñero.
Julio de 2022. Virginia y su madre Claudia van a la parada de colectivos en Isola y Maestros Santafesinos, barrio Parque del Mercado. Hay movimientos en la calle y en la plaza que está atrás. Nadie espera y entiende lo que sucede en un instante: dos tipos disparan contra una de las torres del Fonavi, después dan media vuelta y gatillan contra las mujeres. Con el correr de las semanas se va a saber que los sicarios llegaron a esa esquina bajo una promesa hecha desde la cárcel de Ezeiza: 30 mil pesos por cada muerto, cualquiera.
Octubre de 2022. Otros sicarios atan a una silla a un pibe de 24 años y le meten un pedazo de cortina en la boca para que no pueda ni pedir perdón. Activan una videollamada con un preso de Piñero. La orden es clara y rebalsa de saña: “¿Así que sos sapo? Ahora te vamos a matar por sapo. Hermanito, matalo”.
Este año que se va empezó con el asesinato de Jimi Altamirano, ya contado en estas entregas, que fue el buzón elegido al azar para dejar en su cadáver una correspondencia entre presos. Ya más cerca de fin de año otros dos casos muy impactantes fueron organizados desde la cárcel: el frustrado intento de rescate de un preso que estaba en el Hospital Provincial por una consulta y terminó con un policía asesinado a balazos. Poco después mataron a un colectivero para dejar un mensaje entre reclusos.
Estos y muchísimos delitos más instigados desde el encierro fueron uno de los puntos débiles de una gestión provincial que empezó con aquello de la paz y el orden como una utopía que se convirtió en la estocada que los liquidó. Parte de la campaña en Seguridad para Maximiliano Pullaro, ahora gobernador, la hizo Perotti con sus cuatro ministros y once jefes de policía que durante cuatro años no pudieron demostrar si habían acertado en algo.
Con esa antesala Pullaro empezó su gestión marcando la cancha desde la cartera de Seguridad. Salió jugando rápido y dos días después de asumir fue contra la cárcel más compleja de la provincia: Piñero, donde están detenidos algunos de los condenados o imputados como líderes de las bandas criminales más conocidas.
Muchos habían caído durante su gestión como ministro de Seguridad en el período 2015 - 2019. Una hazaña que utilizó como bandera de campaña sin prever lo que podía ocurrir dentro de prisiones que no se caracterizan por ser transparentes. Plantó una bomba que explotó durante el gobierno de Omar Perotti -signado por la inacción total- con una serie de episodios violentísimos, instigados por pesados rosarinos presos en cárceles santafesinas y federales.
Una costumbre para nada sana pero efectiva como indicador es la de leer los comentarios de los lectores en las noticias policiales. La gente pidió lo que Pullaro ofreció a los dos días de asumir: un movimiento a lo Bukele para trasladar a presos peligrosos a un pabellón de alto perfil donde aseguran que estarán más controlados. Filmó buena parte de los operativos, los musicalizó como en Policías En Acción y los difundió en las redes sociales oficiales.
Horas después de ese show hubo ataques a tiros contra un cajero automático de la zona sur y contra el Hospital Clemente Álvarez. En ambos dejaron mensajes escritos con la misma letra que amenazaban a Pullaro y estaban firmados por el pabellón 9 de Piñero. En su elección demagógica el gobierno contempló ese efecto inmediato, o al menos así lo dijo Pablo Coccocioni, ministro de Seguridad: “Hasta me hubiera sorprendido que no se den".
Hubo quienes cuestionaron que los supuestos instigadores de las balaceras se autoincriminaran en los mensajes. Entonces algunos supusieron que fueron presos de otros pabellones que, afectados por los operativos de traslado, hicieron ese maneje para perjudicar al pabellón 9 que no había estado entre los requisados. Otros prefirieron dudar. ¿De qué?, de todo.
El paso siguiente del nuevo gobierno provincial fue abrazar el discurso que Patricia Bullrich dio cuando llegó a Rosario hace unos días a presentar el “Plan Bandera”. La ministra de Seguridad de la Nación habló de “declararle la guerra al narcotráfico y al crimen organizado”. Importó, otra vez, la estrategia bajada por la DEA que inauguró México en 2006 con la presidencia de Felipe Calderón.
Aquellos años Calderón militarizó los estados más afectados por el narcotráfico y fue contra todos los cárteles, metiendo presos a sus jefes y matando a sus soldados, menos con el de Sinaloa. La organización liderada por Chapo Guzmán colaboró en la guerra territorial y con información para dar con los líderes de las competencias. Hasta que todo estalló y provocó más de 100 mil asesinados y 20 mil desaparecidos en el sexenio de un gobierno que terminó con Calderón cuestionado y su secretario de Seguridad condenado por vínculos con el narcotráfico y otros delitos.
La lectura local sobre la anunciada guerra al narcotráfico de Bullrich puede dar miedo. En lo simbólico del acto en Rosario se refleja el probable fracaso de su plan: dijo que iba a poner de rodillas a los narcos mientras estaba rodeada por policías y gendarmes parados, firmes, en postura militar.
En el vaticinio de que la van a chocar no hay una mojada de oreja antirati. Nace de una duda legítima ante una realidad demasiado clara.
Bullrich, fiel a esa idea de guerra al narcotráfico que necesita un enemigo público muy definido, suele mencionar a Los Monos y a Esteban Alvarado. Las dos organizaciones, por hablar de las más relevantes, no pudieron haber crecido, ni permanecido, si no fuera por las fuerzas de seguridad. En los juicios a cada banda hubo policías condenados como parte de ellas.
En el documental ¿Por qué sangra Rosario? que estrenó Clarín hace unos días uno de los entrevistadores le pregunta a Guille Cantero quién maneja la droga en la ciudad. Uno puede dudar por de quién viene la respuesta, tomarla o dejarla, pero está: “La policía”. Y en estos días ni el gobierno provincial ni el nacional hablaron de la corrupción institucional como pilar de un negocio que funciona a base de un combustible caro pero renovable: los nombres que mueren y se convierten en números.
De parte de mis conocidos escucho cada vez más seguido una pregunta: ¿Es cierto que lo mataron al voleo y no tenía nada que ver? ¿O sea que le puede pasar a cualquiera?
Cada tanto aturde la conmoción, el miedo, la sensación de que hasta acá se llegó, que no se puede caer más bajo. Pero hace rato que los límites se corrieron, tanto que ya no existen, y sin embargo hay algo que todavía fuerza una distancia que obliga a la naturalización.
No alcanzan los números para precisar cuánto pibe murió en los últimos diez años por intentar pegar en un barrio al que no llega el dealer de Telegram y la ligó en la puerta de un búnker que alguien dijo que tenía que cerrarse y para eso bastaba con un muerto en la puerta. No alcanzan las letras para explicar por qué hubo viejos que se sentaron con su reposera en la vereda y terminaron acribillados. Pero tampoco alcanza ni la empatía para entender que no hay soldados, ni guerra, ni un algo habrá hecho que valga.
Al cierre de este año intenso en incertidumbres, los allanamientos a una casilla precaria donde incautan veinte bochitas de merca mala y diez plantines sin sol siguen contándose como golpes al narcotráfico. Las comisarías baleadas se siguen narrando como atentados contra la autoridad en el marco de tal guerra. Los desnutridos y casi analfabetos que manejan a pibitos con amenazas y paco son considerados patrones. Los que entran a la cárcel como rastreros terminan condenados como narcos o jefes de una asociación ilícita sin que nadie pregunte al Servicio Penitenciario cómo fue posible.
La fábrica de enemigos está encendida y 2024 necesita héroes. Entonces asumen, se relamen, se ponen un chaleco antibalas, prenden la cámara y van a la cárcel a poner cara de próceres. Es una historia que ya fue escrita como tragedia. Y es imaginable el final de esta remake.
Feliz comienzo de año.
