El soberano sin miedo

Sin Factura, por Malena de Covarrubias

Cuando la discusión pública se presenta como una disputa entre garantistas y mano dura, quiere decir que algo malo está pasando. Y que es muy probable que esa discusión esté hablando más de un conflicto entre partes interesadas que del conflicto real.

El paquete de reformas de seguridad que el gobernador Pullaro envió a la Legislatura hace unas semanas es uno de esos temas que vuelan por debajo del radar del interés público, pero tienen la capacidad de determinar aspectos esenciales de la vida institucional.

Hacen bien los eligen las conversaciones erógenas de los streamings, o los que ponen su atención civil en las internas nacionales contadas preocupadamente por los medios porteños. El problema lo tienen quienes deben lidiar con estas cuestiones y se juegan algo más que su vocación en cómo se redactan las leyes que después utilizan los operadores de justicia y los funcionarios políticos para hacer funcionar las instituciones provinciales.

La diferencia en el lugar desde dónde se mira el objeto no cambia al objeto, que sigue siendo un factor estructural. Por eso, el gobierno provincial empezó el debate con un triunfo parcial. Nadie puede negar que Santa Fe necesita más herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales.

La discusión central, entonces, no es sobre la necesidad de actuar. Es sobre con cuáles y quién controla las herramientas con las que se actúa. Más que un endurecimiento punitivo, la reforma es la concentración funcional de capacidades de coerción, investigación, inteligencia y decisión en torno a un eje Ejecutivo-Fiscalía, reduciendo el control judicial previo.

Una parte de la sociedad valora la reducción de homicidios, una mayor presencia estatal y una sensación relativa de recuperación del control territorial. En ese contexto, cualquier advertencia sobre garantías procesales, control judicial o límites constitucionales aparece como una preocupación técnica un poco molesta. Esa inadecuación de la crítica pone a los detractores del lado de aquellos que saben cómo resolver los problemas pero fracasaron cuando lo intentaron. No importa que hayan sido funcionarios o que no tuvieran participación en ningún gobierno: la sola defensa de las ideas que fracasaron los vuelve, automáticamente, fracasados.

Negar las características extraordinarias del problema de la seguridad roza la impotencia política. Quien la formula corre el riesgo de quedar atrapado en una impugnación sistemática que se parece poco al abordaje realista de los problemas sociales. Pero esa condición excepcional no fundamenta por sí misma la habitualidad de la emergencia declarada, ni es una justificación inamovible para acumular funciones punitivas en los órganos públicos.

La necesidad que urge

La seguridad es un tema que la ciudadanía percibe de manera visceral. La demanda social no es jurídica. Lo que hay es, mayormente, un pedido de cumplimiento de un mandato tan unívoco como indefinido: hagan algo.

La especificidad técnica de estos asuntos reduce su atractivo ante la opinión pública, que tiende a basar sus posiciones en la sabiduría emocional de la experiencia frente al delito. Ante una sociedad que se percibe con riesgo de convertirse en víctima en cualquier momento, las minucias del alcance de la ley son un factor del tercer orden de importancia.

El garantismo, en su sentido original, es simplemente el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Sin embargo, la interpretación flexible y antojadiza logró multicausarlo teóricamente hasta producir una caricatura. La imagen pública del garantismo pasó a ser la de una doctrina diseñada para defender a los delincuentes. Y el clima de hartazgo con las explicaciones sociales de la ineficacia política hizo que la pregunta por los límites del poder estatal fuera una extravagancia academicista, propia de los desconectados de la realidad.

Después de una década en la que la violencia logró erosionar la confianza en prácticamente todas las instituciones, el orden dejó de ser una aspiración que se vive tácitamente en sociedades mayormente pacíficas, y se convirtió en una demanda política impostergable. Y está visto que cuando el orden es una necesidad urgente, las sociedades aumentan la tolerancia hacia la concentración de facultades extraordinarias en el Ejecutivo.

No es un fenómeno santafesino ni argentino. Es lo que está pasando doctrinariamente en el mundo en materia de seguridad. Y no precisamente por las discusiones hacia dentro de los claustros universitarios, en los estrados judiciales o en la producción legislativa. Sino a partir de la ruptura de escala planetaria que producen los gobiernos más poderosos al cambiar la forma en que se interpretan las restricciones jurídicas frente al uso del poder estatal para enfrentar amenazas que consideran vitales o estratégicas.

Sería ridículo creer que la Doctrina Donroe no trae aparejadas repercusiones en las instancias inferiores que administran el poder coercitivo, desde las relaciones entre Estados hasta las formas en que estos admiten actuar en su orden interno. Ignorar lo que todos reconocen como dado es tan improcedente como los que consideran una reforma judicial de raíz con citas de Agamben y Ferrajoli. En ese orden occidental en el que la tradición argentina se inscribe, la función de seguridad pone en valor la adaptación de los marcos jurídicos a las prioridades de la acción.

Lo que antes requería largas negociaciones de construcción política hoy puede lograrse en pocas semanas, impulsado por el vértigo informativo, la amplificación mediática y la circulación permanente de imágenes de violencia que convierten cada delito en una experiencia emocional compartida. Por eso, las observaciones formuladas por colegios profesionales, constitucionalistas o asociaciones civiles encuentran dificultades para hacer pie sin ser capturadas por la maquinaria polarizadora.

La personalización absoluta de toda relación que se practica a diario en medios, vocerías estatales, investigaciones académicas e intervenciones de referentes culturales, obviamente, tiene sus manifestaciones en la justicia. Lo jurídico, también, se vuelve personal. De esa fuente beben todos los partidos políticos y corrientes ideológicas. Es una de esas tendencias culturales que van de lado a lado de los espectros éticos, estéticos y cognitivos.

Pero los gobiernos no administran conceptos. En Uganda, la evolución de los fenómenos reales alcanzó las formas espeluznantes de un cadáver descuartizado en un tacho de basura y trabajadores asesinados a sangre fría durante el cumplimiento de sus funciones. La conclusión fue más o menos sencilla: si la gente tiene miedo, el Soberano debe actuar sin tenerlo. Cuando es la vida misma de lo que se trata, los incentivos importan más que las categorías filosóficas.

Quién controla al eficaz

La principal alianza política de Pullaro probablemente no se encuentre dentro de Unidos. Su socio estratégico más importante es el Ministerio Público de la Acusación.

Desde el comienzo de la gestión, la política de seguridad provincial construyó una convergencia cada vez más estrecha entre el Poder Ejecutivo y el organismo de persecución penal. La declaración de emergencia, la desfederalización del narcomenudeo, la creación del sistema provincial de inteligencia criminal, la ampliación de técnicas especiales de investigación, las reformas procesales previas, los cambios de conducción en organismos clave y la reconfiguración de la Corte Suprema fueron consolidando una estructura institucional orientada a incrementar la capacidad ejecutiva de persecución del delito.

Esa relación explica gran parte de la eficacia política de la gestión del oficialismo. Y también explica por qué las reformas actuales generan inquietud en algunos sectores especializados, con sus correspondientes incentivos.

Con las nuevas disposiciones, los fiscales acumulan facultades de investigación, coerción y decisión que antes requerían intervención judicial previa. El Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales adquieren capacidades para delimitar zonas especiales donde se reducen los márgenes de garantías y pueden practicar interrogatorios sin defensa. Se amplían los alcances tecnológicos de un sistema de inteligencia criminal que carece de controles suficientes. La estructura de poderes diferenciados se van diluyendo, y aparece un modelo donde la política criminal tiende a concentrarse alrededor de un eje de conducción unificado.

Al ponerse en la ley, la emergencia se asume como condición estable del sistema. Entonces la pregunta deja de ser únicamente qué tan eficaces son esas herramientas, y pasa a ser quién y cómo controla a quienes las utilizan.

Tras el impacto conmocionante de los ataques terroristas del 2001, desde innumerables fuentes académicas se viene explicando la intensificación de las facultades de control y vigilancia de los Estados occidentales. Con el registro del miedo, las democracias contemporáneas acumulaban facultades extraordinarias mediante mecanismos jurídicos que convertían la emergencia en normalidad.

En Argentina, el estado de emergencia funcional instalado desde 2002 dispuso una disciplina transversal a los partidos. Un gobernador necesita mostrar resultados. Un ministro, un fiscal y la fuerza policial también se someten a este precepto, como cualquier otro individuo que asume responsabilidades.

Si la seguridad es el principal problema político de la provincia, parece razonable que exista una conducción coherente, objetivos definidos y coordinación entre organismos. Pero toda coordinación de decisiones acarrea costos institucionales. Y si la expropiación del daño privado a la víctima lleva la ofensa al Estado al límite, la arbitrariedad le gana la decisión a la racionalidad penal.

Si hay que elegir entre orden y libertad es porque esta última ya empezó a ser restringida. Al gobierno no le hace falta demostrar que el Estado puede actuar: eso es algo que mayoritariamente se reconoció. La cuestión es hasta dónde y de qué forma, para que la terminología no termine matando a las garantías reales.

Las leyes se pueden cambiar sin grandes complicaciones. Lo que no se remueve tan fácilmente son las mañas del poder cuando se agarra la costumbre. Porque, como todas las cosas, estos asuntos también obedecen a la ley histórica: las facultades que hoy celebran unos, mañana podrán ser utilizadas por sus adversarios.