Teoría del Delito
Realdemocratik, por Lucas Paulinovich
Hace tiempo hablamos del sustismo, ese hermano menor y marginal del terrorismo. Después, palpamos en serio lo que es el terror criminal. Pero lo que nunca parece abordarse es cómo se comprende el fenómeno y las consecuencias prácticas de esas interpretaciones.
Hoy toca hablar de una moneda corriente en Uganda: la conmoción cotidiana del crímen.
El gobierno provincial tiene un caballito de batalla: bajó los índices de homicidios en Uganda. Con ayuda del Plan Bandera. Pero lo hizo. Los detractores relativizan ese logro cuando un bebé muere en medio de una balacera o aparecen banderas con mensajes narco.
Cada vez que ocurre un hecho conmocionante, reaparece una explicación que ya se volvió casi automática: se está rompiendo el doble pacto.
Según este esquema, el poder político delega el manejo del crimen en la policía a cambio de gobernabilidad. Y la policía, a su vez, regula el delito y lo utiliza como fuente de recursos. Es un equilibrio perverso donde todos obtienen algo y el crimen existe porque, en el fondo, forma parte del sistema.
Esta forma de leer la realidad se volvió una especie de lengua franca en los ambientes ilustrados de la ciudad. Circula por seminarios universitarios, informes de consultoras y fundaciones, columnas de opinión y entrevistas mediáticas. El argumento repite una estructura subyacente: el delito visible es la superficie de una continuidad más compleja entre política, policía y capitalismo.
En Uganda, el Pacto se volvió una explicación extraordinariamente popular. No solo porque ofrece una narrativa coherente sino porque tiene un mérito moral incuestionable: permite denunciar al sistema sin tener que explicar demasiado el fenómeno criminal.
El molde de la Teoría
La Teoría del Delito ugandés funciona como un molde cultural. Cada homicidio confirma la hipótesis. Cada escándalo policial demuestra el fracaso estatal y ratifica que el sistema se protege a sí mismo. En ese clima intelectual, explicar el delito sin hablar del delincuente se convirtió en un signo de sensibilidad.
No es casual. En una salida anterior hablamos de La Parroquia, un complejo de validación cultural que, en este caso, produce diagnósticos sobre la lógica excluyente del capitalismo financierizado y la incapacidad estructural del Estado para gobernar el delito.
Esta matriz conceptual se alimenta con el estudio de los llamados delitos de cuello blanco. Lo que fue un intento legítimo por comprender la criminalidad económica produjo un desplazamiento conceptual: el problema ya no son los delitos dentro del capitalismo, sino el capitalismo mismo.
Esta lectura creó una verdadera arquitectura de la sospecha: cualquier excedente de capital pasa a ser tratado como origen criminal. Pero esto no detiene los circuitos informales del narco, sino que ahuyenta al inversor que no quiere lidiar con la culpabilidad anticipada.
Los actores de la economía formal quedan sometidos a cargas asfixiantes y controles sociales para monitorear al capital pecaminoso. La consecuencia es menos inversión, menos empleo genuino y más dependencia de los planes sociales o de la economía ilegal. En definitiva, la degradación comunitaria aumenta, validando el diagnóstico original de la Teoría.
En Uganda la legitimidad moral para definir qué es desarrollo legítimo y qué es capital sospechoso empezó a delegarse en el ecosistema de ONGs. Esta Aduana Ideológica para el desarrollo implica que las leyes ya no garantizan la propiedad o la libre actividad, sino que nadie crezca demasiado sin pasar por el filtro de La Parroquia.
Existe una ironía trágica en esta matriz intelectual. La Teoría sostiene que la exclusión económica es el motor de la violencia, pero su respuesta es una ofensiva jurídica y regulatoria contra el principal medio para revertir esa exclusión: la iniciativa privada.
Combatir es pactar
Hay un juego didáctico para dimensionar la viabilidad de las propuestas políticas que se arrojan al aire en los desahogos emocionales. Por ejemplo, cuando las víctimas del susto aluden a que hay que matarlos a todos. Tomando esto como aceptable, conviene pensar la logística: ¿a quiénes?, ¿cómo?, ¿quién ejecuta?, ¿qué se hace con los cuerpos?
Este tipo de ejercicios lleva a un plano material muchas de las ensoñaciones que esquivan la densidad de problemas que enfrenta la decisión política. Porque si la opción es el aniquilamiento del crimen, es necesario pasar a una etapa de planificación. Y ahí la situación adquiere otros matices.
En definitiva, es necesario implementar otras estrategias que tengan en cuenta que las relaciones entre política, policía y delincuencia operan en un terreno mucho más desordenado donde conviven corrupción, incompetencia, conflictos internos, improvisación, aprendizaje institucional y restricciones muy concretas.
Esto quiere decir que los gobiernos no administran el delito porque lo necesiten estructuralmente sino porque no siempre pueden eliminarlo. La seguridad pública es, en gran medida, el arte de gestionar amenazas persistentes con recursos finitos, frenos morales y limitaciones operativas.
Los procesos de toma de decisión en el ámbito público no ocurren en un laboratorio, sino en un terreno ambiguo. Gobernar el delito implica priorizar, negociar información, infiltrar redes, coordinar agencias y actuar con los actores que existen, no con los que uno desearía que existieran. Es una tarea imperfecta, llena de zonas grises.
Al aferrarse a las totalizaciones del Pacto, la Teoría del Delito ugandés promueve controles y barreras bajo la premisa de que detrás de cada fortuna hay un crimen, logrando que el crecimiento se detenga. Así, la profecía se cumple: la economía se debilita, la marginalidad crece y el delito encuentra terreno fértil.
Los enemigos del capitalismo
Puede que soñar un capitalismo sano sea una utopía. Mal que mal, hablamos de relaciones humanas. Y vivimos en la Ciudad Terrenal de los pecadores. Por eso, cuando un marco conceptual logra interpretar cualquier cosa que ocurra en la realidad, lo más probable es que haya dejado de explicar algo seriamente.
En ese punto, la Teoría del Delito ugandesa dejó de estudiar los delitos cometidos y se dedicó a refinar variantes de su idea de totalitarismo financiero, teorizado por Eugenio Zaffaroni y sus discípulos.
Así, el sistema financiero sería una forma particularmente perversa que adquirió el capitalismo tardío que concentra el poder en quienes revalorizan capital de forma abstracta degradando la producción real, generando desempleo y violencia como condiciones para su propia reproducción. El resultado es que el capitalismo se parece a una forma elegante de crimen organizado.
Pero hay algo que no termina de encajar en la discusión ugandesa sobre el crimen. Mientras se buscan explicaciones estructurales, pactos ocultos y teorías totalizantes, el mecanismo más brutal del rentismo criminal sigue operando.
La extorsión es la actividad extractiva que atenta contra los pilares de la economía capitalista. Ese delito es el que ordena todo: desde la venta de droga hasta los homicidios, desde el control territorial hasta el flujo financiero y las causas judiciales.
Ese core anticapitalista de la extorsión actúa sobre la libre acción, reemplaza el contrato por la amenaza y convierte la cooperación en obediencia forzada. El comerciante, empresario o changarín, además de calcular costos-beneficios, evalúa riesgos de vida. Se produce una corrosión interna de la institucionalidad y la vida social que ninguna teoría puede capturar.
Este sistema no vive solo en los márgenes. Las bandas barriales podrían decir, como en la canción de Molotov, de la droga que vendemos ustedes son consumidores. Porque buena parte de la demanda nace en el Centro Acomodado. Donde también operan las infraestructuras que permiten que el dinero circule, se transforme y se integre.
La extorsión une ambos mundos: es la violencia que garantiza el flujo que financia la violencia. El problema en explicar el fenómeno desde la desigualdad y la exclusión puede dejar de lado un factor ineludible: delinquen personas concretas que toman decisiones en contextos determinados.
El decisionismo extorsivo es una modalidad de bajo costo, alta rentabilidad y fuerte capacidad de disciplinamiento territorial. No se trata de un emprendedurismo que abre otro sendero del espíritu capitalista. Tampoco es un subproducto de la marginalidad. Es una estrategia racional que ataca principalmente a la actividad formal.
El resultado es un sistema extraño: una economía formal cada vez más regulada, sospechada y paralizada, y una economía ilegal que avanza imponiendo sus propias reglas a través de la violencia. Y cuando eso se naturaliza, lo que se erosiona es algo bastante más elemental: la posibilidad de vivir sin pedir permiso.
Todo el mundo es culpable excepto el criminal
Esta matriz intelectual tiene origen dentro de las ciencias sociales y, fundamentalmente, en la criminología europea que tuvo una enorme influencia sobre la Academia argentina.
La explicación tiene sus méritos, pero acarrea problemas operativos cuando tiende a una sociologización del análisis del delito. Por ejemplo, cuando se agrega la idea sobre las víctimas del sistema penal, el problema deja de ser quién comete el delito y pasa a ser quién es criminalizado.
En la jungla de un sistema judicial cooptado por camarillas y ventajistas, estás teorías críticas no sirvieron para sacar la sabana de los fantasmas ni para destrabar la máquina oxidada, sino que abonaron a la parálisis y la impotencia con el síndrome de Ángel Cappa: una verbalización de moral grandilocuente que encubre una repetida incapacidad práctica.
En el fondo, este cambio de enfoque se apoya en un marco conceptual más amplio que proviene de la tradición marxista, con la lucha de clases en su centro. A partir de ahí, se divide entre delitos de pobres y delitos de poderosos. El punto está en la conclusión: son efectos inevitables de un sistema que necesita de ese trato desigual para blindar a las clases dominantes.
La sensación de no se puede hacer nada salvo cambiar el sistema propio del maximalismo, deja de ver al delito como una actividad con incentivos, organización y racionalidad propia, que debe ser abordado operacionalmente por las fuerzas estatales. El criminal desaparece detrás de la estructura. La violencia concreta se diluye en sociología. Y las fuerzas de seguridad quedan sospechadas como agentes de un sistema intrínsecamente malvado que solo actúan para asegurar un orden injusto.
En esta cosmología, el delincuente no es tanto responsable de lo que hace como consecuencia de un sistema que lo empuja a hacerlo. El capitalismo se convierte así en el sospechoso universal.
Son todos narcos, y de los malos
En Uganda este marco conceptual produjo uno de los slogans más exitosos del debate público reciente: la idea de la narcopolicía. La palabra sugiere que la institución encargada de hacer cumplir la ley está capturada por el narcotráfico.
El problema aparece cuando uno toma en serio lo que esa afirmación implica. Porque decir que existen nichos corruptos en la estructura policial es una cosa. Y decir que toda la institución es una narcopolicía es otra completamente distinta.
Si el órgano encargado de aplicar la ley estuviera íntegramente capturado por el crimen organizado, el problema sería mucho más profundo. El Estado ya no sería el garante último del orden civil. La Constitución estaría en coma farmacológico. Y en Uganda tendríamos un problema semejante al que tienen en México. Lo cual, a Dios gracias, no es cierto.
En definitiva, el eslogan funciona mejor como metáfora indignada que como un diagnóstico institucional que permita un enfoque estratégico de la política criminal.
El consuelo de enjuiciar a la Justicia como templo de selectividad y privilegios, no es muy útil para resolver el problema operacional. La batalla de las internas judiciales puede entusiasmar para los debates públicos, pero muy poco aporta a las necesidades operativas para combatir el delito.
En el imaginario de La Parroquia, las herramientas de seguridad pública suelen aparecer rodeadas de sospecha moral. Son vistas como expresiones de punitivismo, disciplinamiento o expansión autoritaria del Estado. Es inevitable, dado el peso cultural del Consenso Democrático y del lenguaje de los derechos humanos.
Pero ya van 43 años de democracia, y con el tiempo ese Consenso produjo también una especie de culpa estructural en el ejercicio de las facultades constitucionales del gobierno. En Uganda muchos dirigentes formados en ese marco cultural tienden a experimentar la seguridad pública como un terreno riesgoso.
El resultado es una política de la cautela permanente. Y a esa asimetría del temperamento se suma la asimetría de la legalidad, porque las organizaciones criminales actúan sin restricciones legales ni dilemas filosóficos.
El día que la Teoría gobernó
Algunos de los principales defensores de esta interpretación ocuparon posiciones de gobierno. En 2019,
Marcelo Saín llegó al Ministerio de Seguridad con un diagnóstico claro: había que desmontar el doble pacto, enfrentar a las estructuras policiales corruptas y romper el equilibrio entre política y crimen.
El resultado fue bastante menos épico de lo que sugería la Teoría. Nos dejó un nombre para esta newsletter, niveles récord de homicidios, un deterioro evidente de la seguridad ugandesa y un par de causas penales abiertas (las internas, los retornos y las vendettas son el ABC de la Realdemocratik).
La explicación posterior fue coherente con el marco conceptual: el problema no había sido la Teoría sino que no lo dejaron gobernar. El sistema reaccionó para protegerse y expulsar al reformador. El justiciero institucional cayó enfrentando a las fuerzas oscuras del sistema.
Esa es la ventaja de las teorías maximalistas que explican todo por el sistema: cuando fracasan en la práctica, el culpable sigue siendo el sistema.
Bajado a tierra, el orden público es la condición mínima que permite a las personas desarrollar su vida sin quedar sometidas a coerciones privadas violentas. El vecino cuya casa recibe balazos no necesita una genealogía del castigo ni una crítica al capitalismo financiero. Necesita que alguien impida que le disparen.
La intuición de base es válida: el sistema penal no es neutral y la relación entre delito, poder y castigo es más compleja de lo que sugerían las viejas teorías positivistas. Pero esa perspectiva se convirtió en una máquina de producir análisis sobre la criminalización de la pobreza mientras el crimen organizado, bastante menos impresionado por la teoría crítica, continúa haciendo lo que siempre hizo: organizar mercados, administrar territorios y acumular poder.
En ese contexto, los cambios recientes en la gestión de la seguridad provincial —acompañados por la intervención federal— empiezan a insinuar algo que en Uganda durante años pareció casi herético: el Estado puede ejercer sus facultades constitucionales sin disculparse por hacerlo.
En el fondo, no se trata del Pacto con las bandas ni de una conspiración mejor organizada, sino de capacidades estatales: inteligencia criminal, control territorial, investigación patrimonial y coordinación entre agencias. Que el delito sea concebido como una actividad concreta de actores concretos que puede y debe ser investigada y desarticulada.
A pesar de las reticencias parroquiales, el capitalismo sigue ofreciendo los pocos mecanismos conocidos para producir crecimiento, empleo y movilidad social. Y cuanto más próspera es una sociedad, menos necesita que la seguridad descanse exclusivamente en la coerción y pueda ser más preventiva. El problema no es el capitalismo. El problema es creer que la Teoría puede reemplazar al Gobierno.